Por: Marisol Moreno Raso, Trabajo en un Instituto de Enseñanza Secundaria de Málaga, donde no hay enseñanzas obligatorias, sino Bachilleratos, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Personas Adultas.
Hace pocos días que me he enterado de un caso extraordinario que, para mí, demuestra la falta de conocimiento de nuestras autoridades educativas con respecto a algunas discapacidades y sus consecuencias pueden ser nefastas.
Tampoco se tiene en cuenta a los docentes que están día a día en contacto con una discapacidad para encontrar la mejor solución en cada caso. Parece que la experiencia ya no es importante. Ni siquiera está bien vista, en ocasiones.
El caso que nos preocupa es el de una chica sorda, maestra, que aprobó Oposiciones a través de una intérprete. esta chica, después de una baja por maternidad, quiere, por supuesto, incorporarse a su puesto de trabajo. Aquí llega el problema. Los padres y madres se niegan a que se les imponga a una docente sorda que carece de lo más importante hoy en día, la competencia lingüística. Una docente que, para realizar su labor, va a necesitar, en todo momento, a un/a intérprete para que traduzca al castellano lo que ella explica en lengua de signos. ¿Puede haber algo más injusto?
Por otra parte, una de las soluciones es que esta docente se convierta en profesora de apoyo a alumnado sordo e hipoacúsico en un centro de Secundaria, con lo cual resulta que la integración ya no es integración. No se tiene en cuenta que las personas sordas que se matriculan en un centro de integración es para afianzar sus habilidades lingüísticas en lengua castellana y, al menos, en inglés. No se tiene en cuenta al alumnado hipoacúsico que no domina la lengua de signos. No se tiene en cuenta que, para ser profesor/a de apoyo en Secundaria debe ser Licenciada y con dominio pleno de la lengua castellana. No se tiene en cuenta que la lengua de signos es una lengua diferenciada y el caso equivale a que un docente inglés, por ejemplo, apruebe Oposiciones en España a través de un/a intérprete.
Creo que los profesionales, cuya responsabilidad ha sido aprobar a esta docente carente de una de las competencias más relevantes para la enseñanza, deben explicar su actuación para que no vuelva a suceder. No discuto la capacidad y los conocimientos de esta docente que podría, muy bien, ejercer su función en un centro específico para alumnado sordo.
Me preocupa que el desconocimiento de una discapacidad y el miedo a la crítica social, sin conocer los argumentos para poner un límite, haga que nuestros dirigentes educativos acepten situaciones que afecten negativamente a la enseñanza. Por supuesto, siempre sin contar con la opinión de los profesionales que sí podrían aportar ideas.
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