Por JORGE BORRERO @jeborrero
En la actualidad son pocos los individuos en el mundo moderno, que al menos de manera pública se atreverían a decir que las dictaduras o los sistemas totalitarios son mejores que la democracia, la historia está plagada de casos de tiranos brutales que se aferran al poder, y terminan cometiendo toda clase de barbaridades en aras de retenerlo.
Sin embargo, mal haríamos en clamar las virtudes de la democracia sin atender sus falencias. Ciertamente la idea de la distribución del poder, del acceso mediante procesos electorales a los cargos de gobierno en igualdad de oportunidades tiene bastante encanto, pero el sistema que reconocemos como el más adecuado no deja de tener sus falencias, algunas potencialmente catastróficas.
Temas como la ausencia de requisitos para las personas que quieran acceder a cargos públicos, y el manejo de incentivos perversos, donde un candidato lo que busca son metas visibles, cortoplacistas que le permitan aumentar su base de votantes por encima de los logros a largo plazo ponen en riesgo el desarrollo de nuestras naciones.
En esta ocasión quisiera ocuparme de ese último punto, el tema del cortoplacismo derivado de un esquema perverso de incentivos. En las democracias “inmaduras”, como me gusta llamarlas, los gobernantes con frecuencia usan sus períodos en el poder para afianzar y aumentar su base de votantes bien con el propósito de asegurar su acceso a cargos en el futuro o para poder heredar su posición a aliados políticos. Generalmente se inclinan por hacer obras en corto plazo o dirigir sus ejecuciones presupuestales hacia acciones de alta visibilidad y pronta ejecución, o en el peor de los casos a adjudicar contratos sobre los que reciben coimas o dadivas.
Esto compromete seriamente las iniciativas de largo plazo, las obras de infraestructura se ejecutan para horizontes reducidos, es usual que un gobernante traiga un plan de gobierno diametralmente opuesto al de su predecesor, llevando a claros casos de improvisación, intereses particulares por encima de los generales y la imposibilidad de ejecutar planes trans-generacionales.
Pocos campos sufren tanto de esta práctica como la educación. Los países que tienen los modelos educativos más reconocidos como lo es el caso de Finlandia o Singapur, han llegado a ese punto por que han ejecutado planes que más que años, toman décadas para ponerse en marcha. Un cambio en un modelo de educación pasa incluso por cambios culturales, un ejemplo clarísimo es la percepción del oficio de los maestros, si hay un elemento común en los países más exitosos en el tema educativo es que los maestros son seleccionados de entre los estudiantes más aventajados, su oficio es visto con el más alto respeto por sus conciudadanos y es una labor aspiracional Si una nación no tiene esa percepción sobre su profesorado, llegar a tenerla no es tarea fácil y por encima de todo requiere compromiso sistémico. Asimismo llevar el modelo educativo del tradicional aprendizaje académico de planes “enlatados” hacia uno que incentive el emprendimiento, la creatividad y la inteligencia emocional no se logra en un cuatrenio.
¿Cómo hacer encajar los planes de largo plazo en un modelo democrático?
La realidad es que temas de la importancia de la educación no deberían estar sujetas a los vaivenes ideológicos, a las pasiones o a los intereses ocultos de los gobiernos de turno. Singapur por ejemplo claramente asegura que uno de los pilares de su éxito económico fue haber dado el saldo del modelo educativo tradicional a uno que incentiva la creatividad, y para ello fue indispensable el compromiso de su sociedad y cambiar la percepción de sus ciudadanos sobre la importancia de la formación académica llevándola al número uno en sus prioridades individuales.
Los planes educativos deberían hacer parte de las instancias regulatorias más altas en una democracia, es decir: la constitución, los elementos estratégicos de largo plazo deberían ser trazados no por políticos de carrera sino por los mejores talentos en el campo educativo, deben incorporar elementos de los casos de éxito en otras latitudes, las asignaciones presupuestales educativas publicas deberían estar blindadas y su ejecución sometida al más estricto control desde gobierno nacional, no expuesto a la gestión de gobiernos locales, que son lo más expuestos a prácticas irregulares y en ocasiones los de menor calificación profesional.
Es difícil que los mandatarios en este tipo de democracias arriesguen lo que llaman “capital político” en ejecutar iniciativas que ofrecerán réditos que ellos no podrán cobrar, es deber de todo ciudadano exigirlo, y sobreponerse a la miopía de gestión cortoplacista a la que estamos acostumbrados.
